En las últimas dos semanas, Washington ha movido fichas que hablan más de interdicción sostenida que de cambio de régimen. Tres destructores Aegis se aproximan a las costas venezolanas para reforzar la caza de lanchas rápidas y nodos logísticos del narco, mientras un grupo anfibio con la USS Iwo Jima y la 22nd MEU(SOC) zarpa como fuerza de respuesta flexible en el Caribe.
Sobre el papel, la misión es “ir tras las redes de droga designadas como organizaciones terroristas”; en la práctica, es un perímetro de exclusión que corta flujos críticos sin cruzar la línea roja de una intervención terrestre.
El hecho nuevo que le da dientes al cerco es el récord histórico de interdicciones: la Guardia Costera de EE. UU. (USCG) acaba de descargar 76.140 lb de cocaína y marihuana—la mayor incautación en sus 110 años—con casos que implican a un buque holandés con un equipo de cumplimiento estadounidense (LEDET) y a patrulleros canadienses bajo Operación CARIBBE.
Es la foto de una coalición operativa (EE. UU., Países Bajos, Canadá) que ya está funcionando como anillo de contención. Detrás de ese músculo hay una prioridad doméstica clara: reducir muertes por sobredosis (especialmente por sintéticos) y cerrar válvulas de entrada de cocaína y precursores. En 2024, EE. UU. registró una caída cercana al 25 % en fallecimientos por sobredosis, con descensos notables en opioides sintéticos; mantener esa tendencia requiere presión sostenida sobre las cadenas de suministro criminales y sus rutas marítimas.
Además del frente sanitario, Washington ha redefinido el ecosistema criminal transnacional como amenaza de seguridad: Tren de Aragua y varios carteles mexicanos fueron designados FTO/SDGT, y el Cartel de los Soles—vinculado a cuadros del régimen—ha sido objeto de sanciones; en paralelo, el recompensa por Maduro subió a US$ 50 M. Con ese marco legal, un cordón de interdicción que desgaste sin invadir se vuelve políticamente lógico y jurídicamente escalable.
En la ribera opuesta, Guyana y Trinidad y Tobago han dado señales de respaldo operativo/político al aumento de presencia naval de la coalición, mientras los holandeses integran equipos USCG para interdicciones en el arco ABC. Es la geografía—no la retórica—la que inclina la balanza hacia una cuarentena marítima: acotar la proyección de grupos criminales y aliados extrarregionales que usan a Venezuela como plataforma proxy.
Cómo funciona el cerco (sin cruzar el Rubicón)
La arquitectura es conocida y efectiva: JIATF-South detecta y monitorea, y cuando la captura es inminente, el USCG asume fase de ley para abordar y detener. Ese “pase de mando” permite que buques aliados (p. ej., HNLMS Friesland o HMCS William Hall) operen con LEDETs estadounidenses bajo reglas claras, multiplicando el alcance del cerco sin levantar banderas de ocupación.
Al mismo tiempo, el Iwo Jima ARG–22nd MEU(SOC) ofrece una carta de disuasión: helicópteros, fuerzas embarcadas, ISR táctico y capacidad de apretar/aflojar la presión en puntos sensibles (canales STS, hubs de reabastecimiento) sin necesidad de entrar a territorio venezolano. La señal estratégica: “te cercamos, no te invadimos”.
Tesis de nuestro Observatorio Político
EE. UU. y socios caribeños están configurando un perímetro de interdicción para cortar flujos ilícitos (droga, insumos duales, dinero) sin comprometerse con operaciones terrestres dentro de Venezuela.
Tres datos/indicadores
- Escalada naval coordinada: destructores Aegis próximos a Venezuela y despliegue del Iwo Jima ARG–22nd MEU(SOC) con ~4.500 efectivos, oficialmente para misiones antinarco.
- Récord de incautaciones con coalición multinacional: USCG descarga 76.140 lb; participación de buque holandés con LEDET y aportes canadienses bajo CARIBBE.
- Impulso doméstico: en 2024 las muertes por sobredosis en EE. UU. cayeron 25 %; sostener la curva exige estrangular rutas y finanzas de redes designadas como terroristas.
Implicación
La tiranía perdura, pero más encerrada y más cara: desvío de rutas hacia el Pacífico, costos de seguros y logística al alza, y menor capacidad de actores extrarregionales para proyectar poder a través del territorio venezolano—todo sin cruzar al terreno de un cambio de régimen.
Señales tempranas a vigilar
- Cadencia semanal de incautaciones con forénsica pública (AIS/IMO) y pausas tácticas que delaten “apriete–afloje” coordinado por la coalición.
- Avisos a navieras/aseguradoras (OFAC/USCG) + LEDETs embarcados en cascos aliados (NL/CA/UK/FR).
- Rutas STS que empiezan a romperse: más abortos de transferencia, cambios de calado sin descarga, y reaperturas condicionadas tras incautaciones quirúrgicas.
Por qué este guion encaja con los objetivos de Washington
- Neutralizar amenazas (narco-terror y redes proxy) sin atrapar a EE. UU. en un atolladero terrestre. El andamiaje legal—FTO/SDGT para carteles y US$ 50 M por Maduro—permite acciones contundentes en mar y finanzas sin invadir.
- Proteger a la población estadounidense: consolidar la caída reciente de sobredosis requiere estrangular oferta (cocaína por mar; precursores y dinero por aire/mar).
- Contener adversarios extrahemisféricos que han usado a Venezuela como plataforma (cooperación con Irán, presencia de asesores aliados). El cerco eleva costos de abastecer proxies sin escalar a conflicto abierto.
Nota metodológica
Este análisis se apoya en comunicados oficiales (USCG, SOUTHCOM, US Navy), bases de datos operativas (JIATF-South), y prensa internacional de alta reputación. Donde el material es sensible (posiciones de buques, tasking), se citan fuentes públicas con suficiente granularidad para verificación sin comprometer operaciones.